Hoy ha tenido lugar el primer encuentro oficial entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para buscar una solución al gran número de desahucios que están teniendo lugar diariamente. Es triste que tengamos que ver en las noticias cómo la gente se suicida, se tira por la ventana, … para que los que nos dirigen se sienten a hablar para buscar soluciones, pero lo que importa ahora es buscar una solución, y no un parche hecho de cualquier manera, pues están en juego la vida de muchas familias y también la posibilidad de un agravio de la tan maltrecha economía española.
Los acuerdos a los que se ha llegado en esta reunión irán al próximo Consejo de Ministros que tendrá lugar el jueves, y se hará por vía de máxima urgencia, dada la importancia social que ha tomado el tema de los desahucios tras los últimos acontecimientos.
El PSOE quiere que el acuerdo se adapte lo máximo posible a la propuesta de Ley que han presentado en el Congreso, que implicaría la modificación de varias leyes orgánicas. Aún así se puede entender que estarían de acuerdo en lanzar algunas medidas de urgencia siempre y cuando haya un compromiso por parte del Ejecutivo de que se estudien todas estas propuestas para lograr una solución duradera y no sea simplemente un parche para tapar un problema que se ha agravado en estos últimos años.
En un principio, el Gobierno tiene previsto proponer un período de carencia de dos años para los casos más vulnerables, aunque está pendiente de fijarse definitivamente qué se va a entender por casos más vulnerables. Durante la pasada semana se ha estado hablando de familias con hijos y con ambos miembros en el paro, o al menos uno de ellos y el otro con unos ingresos mínimos, pero como comentamos, todo está por concretarse. En cualquier caso, desde el principio se ha acordado que las medidas que se aprueben no tendrán carácter retroactivo, por lo que todas aquellas hipotecas en proceso de ejecución no podrán beneficiarse de estas medidas. Según datos aportados por algunas entidades, desde 2008 se han venido ejecutando 172.000 desahucios y están pendientes 178.000 casos más. Estos últimos sí podrían verse beneficiados si se acuerdan las nuevas medidas de urgencia social.
Indudablemente podríamos decir que el detonante que ha hecho posible que los dos principales partidos políticos se hayan sentado para buscar una solución común han sido la publicación en los medios de comunicación de los suicidios de personas desesperadas por verse en la tesitura de quedarse en la calle, y por otro lado las críticas procedentes de los jueces que ven injustas las leyes, pues son claramente partidarias de las entidades financieras y desamparan completamente a los ciudadanos, y eso que la Constitución Española contempla la vivienda como un derecho. También ha contribuido notablemente la plataforma «Stop desahucios», que ha venido logrando que muchas familias hayan conseguido mantenerse en sus hogares, aunque sea por poco tiempo, pero de alguna manera han ido ralentizando los desahucios.
Y es que han ido apareciendo un gran número de sectores que se tienen que enfrentar a la triste y cruda situación de tener que intervenir de una u otra manera en los desahucios de las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca; policía, jueces, cerrajeros, etc. Hoy me ha llamado la atención una empresa de cerrajería que se ha negado a participar en desalojos de viviendas, pues en muchos casos se requiere de sus servicios para poder entrar en las viviendas en las que sus propietarios se niegan a abrir la puerta.
Los bancos y cajas aceptaron, aunque en contra de su voluntad, el código de buenas prácticas aprobado en marzo de 2012 para detener las ejecuciones. ¿En qué consistía este código de buenas prácticas? Aquellas familias en las que todos sus miembros estuviesen en paro y que tuviesen que reservar más del 60% de sus ingresos para afrontar su hipoteca se verían protegidas frente al desahucio. Había un pero, y es que además de estas condiciones, no podían tener ningún aval, puesto que en este caso dicho aval también tendría que cumplir los mismos condicionantes.
¿Se han obtenido resultados de la aplicación de este código de buenas prácticas?
Aunque parece claro que no, deberíamos ser más cautos antes de responder, puesto que tenemos que tener en cuenta que de media, el tiempo que pasa desde que se inicia un proceso de desahucio hasta que éste se hace efectivo es de dos años, por lo que no ha habido tiempo para poder concluir si el código de buenas conductos valió para algo o no.
¿Es fácil encontrar la solución para detener los desahucios?
Sinceramente tenemos que decir que no, pues si no se hace correctamente se puede caer en el riesgo de que los ciudadanos que actualmente están pagando sus hipotecas con mucho sufrimiento y recortando muchos gastos en sus casas para poder afrontar dicho pago, dejen de pagar también las hipotecas, y de esta manera entraríamos en un círculo vicioso sin salida posible y empeorando mucho más la economía del país. Debemos pensar que siempre va a existir la picaresca, y ello puede hacer que personas que teóricamente pueden hacer frente a sus hipotecas dejen de hacerlo buscando escusas para entrar de alguna manera en el grupo de los gravemente necesitados.
¿Y quien se acuerda de los miles de desahuciados de alquiler que se llevan produciendo desde hace decenas de años?.
Como siempre, en este pais solo se proteje a los que hacen las cosas mal, como hipotecarse por encima de sus posibilidades.
Viva el riesgo moral. Así nos va